.webp)
En el panorama laboral de México, la informalidad persiste como uno de los desafíos más acuciantes, afectando a más del 54% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este fenómeno, que implica trabajos sin garantías ni seguridad social, es un problema estructural que no ha recibido la atención adecuada en las políticas públicas del gobierno entrante de Claudia Sheinbaum.
El nuevo gobierno, que iniciará funciones el 1 de octubre, carece hasta el momento de un plan específico para abordar la informalidad. Esta situación contrasta drásticamente con la afirmación en su plan de gobierno, llamado Prosperidad Compartida, donde se destaca un mercado laboral fuerte y un desempleo mínimo histórico. Sin embargo, estas afirmaciones ocultan la realidad de un mercado laboral distorsionado, más comparable con economías como las de Túnez o Vietnam según la OIT.
Datos alarmantes revelan que mientras solo el 2.6% de la PEA está desempleada, más de la mitad se encuentra trabajando en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni beneficios laborales básicos. Esta situación no solo perpetúa la precariedad laboral y la pobreza, sino que también limita el desarrollo económico del país al reducir la contribución al valor agregado por parte del sector informal.
El análisis de BBVA subraya que la informalidad es un problema estructural que afecta no solo a los trabajadores, quienes enfrentan ingresos significativamente más bajos y condiciones laborales precarias, sino también a la economía en general al limitar su capacidad de crecimiento y desarrollo sostenible.
A pesar de estas preocupaciones, el tema de la informalidad ha sido notablemente ausente en el discurso y la acción política. Para BBVA, abordar este problema es una tarea complicada pero esencial, que requiere un enfoque integral y urgente por parte de las autoridades.
La continuidad en la Secretaría del Trabajo bajo Marath Baruch Bolaños, quien ha prometido mantener la dirección actual de la política laboral, plantea interrogantes sobre las expectativas futuras de los trabajadores mexicanos. Según una encuesta de OCC, la mayoría de los trabajadores esperan reformas significativas en las leyes laborales, mejoras salariales, generación de empleos de calidad y un cumplimiento más estricto de las normativas laborales.
En resumen, mientras México se prepara para un nuevo gobierno, el desafío de la informalidad laboral se erige como un problema crítico que requiere atención inmediata y políticas efectivas para mejorar las condiciones laborales y promover un desarrollo económico más equitativo y sostenible.
